Este lunes se reanuda el juicio oral por el caso Vialidad en el que está imputada Cristina Kirchner y convocan a más de cien testigos

El 21 de mayo se cumplirá un año desde que inició el juicio contra Cristina Kirchner por la presunta corrupción en la obra pública, un direccionamiento a favor de Lázaro Báez que le valió al erario público $ 46.000 millones, según sostiene la imputación. Concluida la feria judicial, este lunes se reanudarán las audiencias con la declaración testimonial de dos personas sugeridas por Lázaro Báez, que intervinieron en una auditoría realizada en 2013. Por delante quedan aún más de cien testigos para que pasen por el estrado y durante el año electoral se espera que declare Javier Iguacel, ex titular de Vialidad y denunciante.

Son en total 51 las licitaciones analizadas en este expediente durante la instrucción. En el estudio de cada uno de los casos, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, determinaron que ese conjunto de contratos viales, fueron direccionados para favorecer a Lázaro Báez quien, para entonces, administraba los hoteles de la familia Kirchner, habían celebrado quince operaciones de compra - venta inmobiliaria, sus empresas eran inquilinas de la firma Los Sauces de los ex presidentes, entre otros acuerdos comerciales.

La acusación sostiene que el Grupo Austral percibió sobreprecios promedio, del 65% mientras que la mitad de los contratos viales no se terminaron. Este grueso de acusación, que llevaron por primera vez al banquillo de los acusados a Cristina Kirchner, se centran un planteo aún mayor: la fiscalía acusó a la vicepresidenta de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó a defraudar al Estado al favorecer a Báez.

Estas imputaciones son las que a lo largo de las audiencias, busca demostrar la fiscalía. El listado de testigos era cercano a las 150 personas, y aún resta más de un centenar de testimoniales por escuchar. Este lunes, el único de los ocho juicios que la ex Presidenta tiene por corrupción que inició, se reanudará con la declaración testimonial de dos ingenieros sugeridos por Lázaro Báez que firmaron un informe de auditoría de 2013.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) presidido por el juez Jorge Gorini e integrado por sus pares Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, es el responsable de llevar adelante el primer juicio contra Cristina Kirchner, donde interviene la fiscalía a cargo de Diego Luciani. Al igual que el año pasado, serán dos las audiencias semanales las que se lleven a cabo, fijada para los días lunes y martes.

Como parte querellante, interviene en el caso la Oficina Anticorrupción (OA) que conduce Felix Crous y que ya anticipó que cuando se inicie la etapa de las acusaciones, se retirará. La decisión del organismo estatal se informó después de retirarse de las querellas en los casos Los Sauces y Hotesur, donde Cristina Kirchner y sus hijos -Máximo y Florencia Kirchner-, están procesados por lavado de dinero.

El caso que se reanudará el lunes, es un juicio de gran envergadura: cuenta con 16 imputados, 51 licitaciones analizadas durante la instrucción, auditorías ordenadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de la gestión macrista, estados contables del holding que construyó desde mayo de 2003 Lázaro Báez y certificaciones de obras. Asimismo, el TOF 2 ordenó una pericia sobre cinco casos testigos que arrojó sobreprecios, con la disidencia de la perito nombrada por Cristina Kirchner, de 117 a 200 millones de dólares.

Las audiencias iniciaron en mayo de 2019 y pese a la pandemia, el juicio logró imprimir cierto ritmo bajo la modalidad semi presencial después de varios meses de encontrarse detenido. Con un sistema ya instaurado para su realización, aún quedan por delante cientos de testigos. A este ritmo, aunque en Comodoro Py nadie arriesga fechas precisas, todo indica que los alegatos no comenzarán sino hasta 2022.

Esta semana, se conocerá además la sentencia contra Báez por lavado de dinero en el marco de la Ruta del Dinero K, se lo acusa de haber lavado 60 millones de dólares. El caso quedó vinculado al juicio contra la ex presidenta, ya que la imputación sostiene que el dinero volcado a operaciones de blanqueo provino de los contratos viales bajo investigación.